Brasil, Argentina, México, Chile, Costa Rica, Perú y Bolivia tienen Ley Nuclear y esto los ha impulsado, desde hace varias décadas, a contar con tecnologías de punta en la lucha contra el cáncer.
En noviembre de 2022, el 85 % de las unidades de medicina nuclear del país experimentaron una suspensión temporal de sus actividades y más de 3000 pacientes con impresión diagnóstica de cáncer y de enfermedades cardiovasculares no pudieron ser atendidos. Esta crisis se desató por el desabastecimiento de unas sustancias poco conocidas, pero que todos los años salvan la vida de miles de personas: los radiofármacos. Estas moléculas son fundamentales para el diagnóstico oportuno y el tratamiento de diferentes tipos de cáncer. Para producirlos es necesario contar con átomos como el tecnecio-99, el yodo-131 y el lutecio-177. Estos elementos son radiactivos y, a las dosis apropiadas, son capaces de evidenciar con precisión la actividad de los tumores y también son capaces de eliminarlos. Lamentablemente, Colombia no cuenta con la tecnología para poder generarlos y debe importarlos, por tanto, dependemos en un 100 % de la disponibilidad de lo que nos vendan.
Los reactores nucleares internacionales, de los que tradicionalmente Colombia importa estos insumos, ese noviembre entraron en parada técnica, y sin estos isótopos no había manera de contar con suficientes radiofármacos en el país. Debo aclarar que existen reactores nucleares para investigación y generación de isótopos con aplicaciones médicas, y reactores nucleares para generación de energía eléctrica. Ante el desabastecimiento de radiofármacos, los procedimientos de tratamiento para pacientes con cáncer tuvieron que detenerse en las unidades de medicina nuclear. No se podía conocer cómo se estaba comportando la patología tumoral dentro del cuerpo de miles de colombianos. Un suceso como el que estoy relatando, se produjo en el atentado contra las Torres Gemelas y durante la pandemia por covid-19, dos contingencias de anticipación imposible.
Si queremos evitar que se repita esta tragedia debemos buscar que nuestro país sea autosuficiente en la producción de radiofármacos que, además de ser útiles en la toma de decisiones terapéuticas ante el cáncer y las enfermedades cardiovasculares, ayudan al manejo de los efectos que genera la hemofilia en las articulaciones de los niños, como es el caso del fósforo-32. Para conseguir este objetivo, nuestro país debe cumplir con los estándares internacionales fijados por el Organismo Internacional de Energía Atómica (oiea) y parte de estos es tener un órgano rector para el manejo de las radiaciones ionizantes, mediante una ley de seguridad nuclear y protección radiológica.
Es inaceptable que Colombia que cuenta con un reactor nuclear de baja potencia desde 1965, y con un sector nuclear que, según las cifras del Ministerio de Minas y Energía, es responsable del 0.25 % del pib, se deje tomar una apreciable ventaja de los vecinos regionales. Nuestro país tiene el talento humano capaz de asumir la implementación de nuevas tecnologías nucleares para tratar el cáncer, pues contamos con más de 45 000 trabajadores que manejan con pericia y ética la exposición a radiaciones ionizantes y, adicionalmente, la Dirección de Asuntos Nucleares del Servicio Geológico Colombiano (sgc) cuenta con más de sesenta años de experiencia en la gestión de material radiactivo con fines pacíficos.
El Congreso de la República tiene la oportunidad de impulsar una norma que nos permita mejorar las variables de salud pública y que alivie el sufrimiento de miles de pacientes. Desde las universidades, las asociaciones científicas y los gremios estamos en la disposición de apoyar a los legisladores y al Gobierno en este maravilloso desafío.
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